AON analiza las implicaciones de la inhabilitación en el Seguro de Abogados

En una reveladora presentación, Carlota Reyna, experta de AON en Colegios Profesionales, desentraña los misterios de la inhabilitación profesional en la abogacía. En el video, se aborda la cobertura proporcionada por el seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Abogados en caso de inhabilitación, una cuestión que inquieta a muchos profesionales del sector. Según Reyna, la inhabilitación es una sanción que genera gran preocupación entre los abogados en ejercicio, y destaca que, además de la propia inhabilitación, también puede surgir una reclamación de Responsabilidad Civil que busque compensar los daños causados al abogado.

La experta en Responsabilidad Civil Profesional destaca que estas sanciones son comunes en procedimientos penales dirigidos a profesionales del derecho. Reyna distingue entre dos tipos de inhabilitaciones profesionales: especial y absoluta. La inhabilitación especial implica la privación de derechos para el ejercicio de empleo o cargo público, con duraciones que van de 3 meses a 10 años. Por otro lado, la inhabilitación absoluta se considera una pena grave, con periodos que oscilan entre 6 y 20 años, implicando la privación definitiva de honores y cargos públicos.

En el video, Reyna explora los motivos de inhabilitación, vinculándolos a la mala praxis profesional de los abogados. Entre las acciones que pueden desencadenar estas sanciones, se incluyen el fraude, deshonestidad, falsificación, robo de fondos, abuso de sustancias que afecten la capacidad del abogado para ejercer, o cualquier violación del código ético profesional.

Además, se detallan las condiciones para que el seguro de Responsabilidad Civil cubra la inhabilitación. La cobertura está condicionada a la existencia de una imprudencia profesional y a que el procedimiento judicial se desarrolle en el ejercicio profesional del asegurado. Reyna explica que, con la cobertura de inhabilitación, el abogado asegurado recibirá una indemnización si es condenado en un procedimiento penal, pudiendo alcanzar hasta 2.500€ al mes durante un máximo de 18 meses. Una valiosa información para el sector legal que busca entender y mitigar los riesgos asociados a la práctica profesional.