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Por Francisco Montiano y Ana Garmendia

El pasado 4 de febrero de 2020, tras un considerable retraso, el Consejo de Ministros aprobó la transposición de la Directiva 2016/97, de 20 de enero de 2016, de Distribución de Seguros (“IDD”, por sus siglas en inglés). La transposición se realiza, junto con la de otras directivas, a través del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (“Ley de distribución”),

En este maremágnum normativo, el texto dedica a la transposición de las directivas sobre seguros privados y planes y fondos de pensiones, el Libro segundo, que a su vez se divide en tres títulos:

  • El Título primero tiene por objeto establecer las normas sobre el acceso a la actividad de distribución de seguros y reaseguros por parte de las personas físicas y jurídicas, las condiciones en las que debe desarrollarse el ejercicio de la actividad de distribución y el régimen de ordenación, supervisión y sanción que resulta de aplicación. La finalidad principal es garantizar la protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios del contrato de seguro, así como promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza aseguradora, muy en la línea con la protección de los consumidores.
  • El Título segundo contiene la transposición parcial de la Directiva 2016/2341, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
  • El Título tercero modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

La transposición de la IDD
El Gobierno ha destacado que la transposición de esta Directiva pretende reforzar la protección de los asegurados incluyendo obligaciones de transparencia y normas de conducta para los distribuidores, garantizando el máximo nivel de protección a los clientes de seguros, cualquiera que sea el canal comercial a través del cual se adquiera un producto de seguro, así como la mejora de la transparencia en la comercialización.
El texto final de la transposición de la IDD no se separa en exceso del texto del Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados que se presentó a las Cortes en la pasada legislatura. En cuanto a su contenido, algunas de las novedades más relevantes que introduce son:

  • Regula la actividad de distribución de seguros en su totalidad. A partir de ahora, ya no se hace distinción entre la distribución realizada a través de mediadores y la llevada a cabo de forma directa por las aseguradoras y sus empleados. La actividad de distribución llevada a cabo por las aseguradoras, -que antes quedaba fuera del ámbito de regulación de la Ley 26/2006, de mediación de seguros y reaseguros privados (“Ley 26/2006”)-, queda ahora, sin embargo, regulada con el conjunto de la actividad de distribución llevada a cabo tanto por mediadores como por otras figuras que antes tenían una relevancia más residual, como son los mediadores complementarios. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando hablemos de distribuidores de seguros tengamos en cuenta que engloban, no sólo a los mediadores, sino también a los aseguradores, reaseguradores y a los mediadores complementarios.
    Aun así, las “agencias de suscripción” siguen sin tener acogida dentro del ámbito de su regulación, aunque sí tienen la consideración de distribuidores de seguros en otras jurisdicciones dentro del espacio europeo y, por tanto, pasaporte comunitario.
    A diferencia de los aseguradores y reaseguradores, que no tendrán obligación de registrarse, los mediadores, incluidos los complementarios, tendrán que registrarse como distribuidores de seguros en el Registro especial de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
  • Pocas novedades, pero significativas, en la regulación de los mediadores. La nueva regulación se aparta poco de la Ley 26/2006, aunque incluye algunas novedades significativas:
    o Se restringe la diferencia entre agentes exclusivos y vinculados, liberándose a estos últimos, de la obligación de acreditar su capacidad financiera y de contratar un seguro de responsabilidad civil, ya que se establece la cobertura de su responsabilidad civil por las aseguradoras a las que están vinculados.
    o En el caso de los corredores, se establece una capacidad financiera mínima y se define el concepto de “asesoramiento independiente” como la recomendación personalizada hecha a un cliente respecto a uno o más contratos de seguros, eliminando la referencia de que para ello deban analizar varios contratos.
    o Los operadores de banca-seguros sí tendrán que garantizar sus obligaciones frente a terceros y suscribir un seguro de responsabilidad civil en el caso de que las aseguradoras con las que celebren un contrato de agencia no asuman la responsabilidad civil profesional derivada de la actividad del operador.
  • Se amplían las obligaciones de información al tomador y al asegurado. La nueva Ley de Distribución amplía las obligaciones de información, debiendo proporcionar información al tomador/asegurado, no sólo sobre el asegurador y el mediador, sino, también, información y asesoramiento previos a la suscripción, documento de información previa en seguros distintos de vida e información en caso de productos de inversión basados en seguros –en los que se incrementan todavía más los deberes de información- e información sobre la remuneración.
    Asimismo, y como ya estableció Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID) para el caso de los consumidores de productos financieros, el artículo 181 prevé un análisis de idoneidad y adecuación e información a los clientes cuando los mediadores o la entidad aseguradora realice actividades de distribución de seguros en los que ofrezca un asesoramiento sobre un producto de inversión basado en seguros.
    La Ley de Distribución regula, también, las ventas combinadas y vinculadas, que hasta ahora no encontraban amparo en ningún texto legal. En estos casos, se regula específicamente la obligación del distribuidor de seguros de informar al cliente de si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente, ofreciéndole en este caso, una descripción adecuada de los diferentes componentes del acuerdo y facilitando por separado justificantes de los costes y gastos de cada componente.
  • Destaca, también que se introduce el control de productos y requisitos en materia de gobernanza, exigiendo que los mediadores de seguros que diseñen productos de seguro para su venta a clientes, mantengan, gestionen y revisen un proceso para la aprobación de cada uno de los productos de seguro o las adaptaciones significativas de los productos de seguro existentes antes de su comercialización o distribución a los clientes. Este proceso especificará un mercado destinatario definido para cada producto, y, además,. a entidad aseguradora deberá revisar periódicamente los productos de seguro que ofrezca y comercialice.

 

Finalmente, destacar que se regulan, también, las competencias de la Administración General del Estado en materia de ordenación y supervisión, particularmente, en lo que respecta al control de los distribuidores de seguros y reaseguros, y el correspondiente régimen sancionador.
En todo caso, en un mes el Congreso de los Diputados tendrá que ratificar este Real Decreto-Ley de medidas urgentes, y si bien el trámite de convalidación no permite el debate necesario que sería conveniente para una norma que no refleja aún muchas de las peticiones del mercado, si será posible introducir modificaciones si se aprueba su tramitación como proyecto de ley.