Gonzalo Iturmendi Morales | Feliz aniversario

Fuente: ADN del Seguro | Opinión

7 octubre, 2020

 

 

La Ley de Contrato de Seguro cumple 40 años desde su publicación. Se trata de una norma especial caracterizada por su flexibilidad, que ha contribuido a la modernización del seguro en España, capaz de brindar las reglas del juego para las partes interesadas de la relación contractual de los seguro durante los últimos cuarenta años, gestionando las innovaciones que se produjeron después de su publicación, mediante las reformas parciales que la adecuaron a las necesidades del mercado asegurador y su evolución tecnológica.

Esta norma ha demostrado su validez con el paso de los años, pese a los cambios de la mutante supervisión pública. Fue innovadora respecto de la protección de los derechos de los consumidores, porque se adelantó a muchos de los principios proteccionistas de los derechos de los consumidores, que se fueron incorporando paulativamente con posterioridad y ahora están  vigentes en nuestro marco legal, dado su carácter  imperativo e irrenunciable cuando los contratantes son consumidores, dotando –incluso- de una amplia libertad entre los contratantes, en caso de ser estos empresarios grandes riesgos, en cuyo caso no opera el carácter imperativo de la norma. La Ley de Contrato de Seguro tipificó ampliamente los ramos existentes y aunque no comprendiera a todos los contratos, el legislador siempre estuvo pendiente de incluir los nuevos ramos existentes en el mercado. Liberalizó la industria del seguro, permitieron la incorporación a la Unión Europea de los cambios normativos de dicha industria, permitiendo su adaptación a las nuevas tecnologías.

Los acuerdos contractuales entre las partes de una póliza de seguro han sido el eje sobre el que pivotó el denominado Derecho del Seguro privado, marco regulatorio en el que conviven otras regulaciones específicas sobre ordenación, provisión y supervisión,  distribución de seguros privados, compensación, previsión social, tráfico y circulación, seguros agrarios combinados, responsabilidad civil por daños nucleares, seguro aéreo, seguro marítimo, embarcaciones de recreo o deportivas, contaminación por hidrocarburos, administración concursal, créditos a la exportación, animales potencialmente peligrosos y caza entre otras materias. Al fin, toda una constelación normativa que siempre ha tenido como punto de referencia y retorno la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, cuyos conflictos de interpretación terminaron en muchas ocasiones en resoluciones de las distintas Salas del Tribunal Supremo que se esforzaron en determinar la doctrina de interpretación jurisprudencial, contribuyendo con ello a dar estabilidad al necesario principio de seguridad jurídica al que aspiran las partes contratantes.

Todos los especialistas jurídicos en materia aseguradora deseamos mejoras normativas que eviten conflictos entre las partes de los contratos de aseguramiento. Sin embargo, una reforma sensata de la vigente Ley no tendría que optar por su derogación total y la elaboración completa de una nueva norma, sino que debería mantener una serie disposiciones generales aplicables a todo contrato de seguro, tal y como la norma actual  recoge en su Título I. De manera que tales normas, con carácter general, resultarían de aplicación a todas las posibles modalidades de seguro, ya sean de daños o de personas, y cualquiera que sea la forma de su contratación, ya se trate de contratación a distancia o con presencia física y simultánea de los contratantes, manteniendo la regulación específica para los seguros de daños y otra para los seguros de personas.

Posiblemente los aspectos más relevantes de una posible reforma deberían abordar cuestiones como la claridad del contenido de la póliza para evitar contradicciones del actual texto, la coordinación con la normativa general de protección al consumidor en lo que afecta a los asegurados que tengan la consideración de consumidores y la adecuación a las nuevas tecnologías dentro de una economía digital que aún está a tiempo de proteger los derechos fundamentales de privacidad de datos de los contratantes.

Si tuviera que hacer una carta a los Reyes Magos sobre determinados aspectos que requieren ser reformados, sin duda no me limitaría a modificar su artículo 20, sobre el interés moratorio, que tantos quebraderos de cabeza ha dado en su aplicación, sino que pediría que cualquier reforma que prestara atención a los silencios de la Ley que han tenido que ser interpretados por la doctrina científica y el Tribunal Supremo en una sociedad cada vez más compleja y cambiante. Por ejemplo, en todo lo relativo a los requisitos para la prestación del consentimiento del tomador asegurado con suficiente transparencia e información para el consumidor, todo ello a fin de evitar los problemas provocados en los últimos años en el sector bancario, teniendo en cuenta que los contratos de seguro en los que el tomador o asegurado tengan la condición de consumidor o usuario les será de aplicación la normativa de defensa de los consumidores y usuarios, en lo no expresamente regulado en la ley. Puede que también sea la oportunidad de definir legalmente lo que se consideran cláusulas lesivas, limitativas, delimitadores del riesgo y abusivas, para evitar las llamadas cláusulas sorprendentes en los contratos de seguro y sus consecuencias frustrantes para los asegurados. Y también, de llevarse a cabo una reforma legal, sería una oportunidad magnífica para regular las bases comunes de los seguros obligatorios en España, no solo por la problemática de conseguir cobertura suficiente en el mercado asegurador, sino también por la deficiente regulación de los mismos.

La figura del tomador impropio en los seguros colectivos es otro de los clamorosos silencios del texto vigente, posición que requiere ser regulada en aras a su transparencia e incompatibilidades, en caso de conflictos de interés, para bien del mundo del sector del seguro.

Por tanto, mi felicitación sincera por el cuarenta aniversario de la Ley de Contrato de Seguro por su indudable aportación a la industria del seguro durante estos años, felicitación que es compatible con la adopción de soluciones regulatorias que cubran las lagunas actuales y se anticipen a la solución de conflictos entre las partes contratantes y los terceros perjudicados, en su caso. De hacerlo así estaremos contribuyendo a la mejora de las reglas del juego de un contrato que es una pieza clave en nuestra sociedad, por cuanto permite la transferencia financiera de los riesgos soportados por los asegurados, contribuyendo así al principio de seguridad jurídica que proporciona garantía de previsibilidad de la correcta administración de los riesgos.

Gonzalo Iturmendi Morales. Abogado, Socio Director del Bufete G. Iturmendi y Asociados