Autor: Gonzalo Iturmendi Morales
Fecha: 27 de septiembre de 2021

Hace más de una semana que el volcán de Cumbre Vieja de la Isla de la Palma expulsa lava y ceniza de manera continua. Somos testigos del día después de la hecatombe de la erupción del volcán, un fenómeno excepcional que está provocando daños materiales catastróficos cambiantes día a día. La crisis ha provocado la evacuación de más de seis mil personas que se han visto obligadas a abandonar sus enseres, viviendas e instalaciones para evitar daños personales. Más de quinientas edificaciones han desaparecido por acción de la lava, ante una sensación de impotencia generalizada. Nada puede frenar al volcán que ya ha destruido a su paso edificios, cultivos, explotaciones, infraestructuras y carreteras. Los afectados han olvidado la referencia física de todo cuanto han perdido, del pasado sepultado por la lava que hace irreconocible la nueva configuración del territorio en constante cambio morfológico. Es pronto para evaluar los daños, ya que la erupción volcánica puede seguir durante las próximas semanas.
Las consecuencias de la actividad del volcán afectan a empresas y particulares que han perdido sus bienes y explotaciones agrarias y ganaderas, con pérdidas cuantiosas que aún no se pueden valorar por parte de los peritos, ya que no han tenido todavía acceso a las zonas afectadas.
Las imágenes captadas por los expertos confirman el aumento de la actividad con nuevos regueros de lava cuyo frente –previsiblemente- llegue al mar, generando reacciones tóxicas tales como gases ácidos procedentes de los gases magmáticos de la lava, que pueden ser perjudiciales para las personas y el hábitat marino.
Como es sabido la erupción volcánica se encuentra en la relación de los denominados como riesgos extraordinarios y, por lo tanto, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) confirmó el primer día de la crisis que se hará cargo directamente la gestión y el pago de las solicitudes de indemnización de los daños producidos, siendo condición indispensable que quienes insten la tramitación de estos siniestros tengan la condición de asegurados y tengan su seguro en vigor en el momento en que se inició la erupción volcánica. En su nota de prensa el CCS confirmó que indemnizará con arreglo a los capitales asegurados y a las cláusulas del contrato de seguro del afectado. Generalmente las coberturas contemplan tanto los daños materiales producidos por la erupción y la lava y demás materiales, como los daños inmateriales que sean consecuencia de aquellos, como pueden ser la pérdida de alquileres de propietarios de inmuebles, los gastos de alojamiento derivados de la inhabitabilidad de la vivienda o la pérdida de ingresos por la paralización comercial, en la forma que prevea el contrato de seguro del afectado.
Cuando la fuerza bruta de la naturaleza se manifiesta de esta forma, poco se puede hacer, salvo prevenir y asegurar la vida de los ciudadanos. La labor de la gestión de la emergencia –parte fundamental del proceso de gestión de riesgos-, está siendo coordinada por las autoridades competentes de forma prudente y eficaz. Las instituciones están dando un ejemplo de colaboración con altura de miras a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos.
Pese a su herida, el resto de la Isla sigue funcionando en su conjunto, con los daños y pérdidas indirectas, las alteraciones en la conducta de personas, el impacto del hábitat natural, el temor a la incertidumbre de un fenómeno tan relevante y las restricciones de los vuelos provocados por las medidas de seguridad de los operadores aéreos.
Se espera la declaración oficial de zona catastrófica por parte del Consejo de Ministros, lo cual servirá para paliar las pérdidas de aquellas personas y organizaciones que carezcan de seguros de daños. Esta declaración está reservada a siniestros que perturben gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales. Creemos que este caso justifica dicha declaración, que deberá ser instada a petición de las administraciones públicas afectadas, si bien aún es pronto para determinar su alcance.
Cuando todo acabe aparentemente la actividad magmática permanecerá en el subsuelo, pese a que el volcán detenga su actividad. Cuando todo esto ocurra y comience la reparación de los daños, habrá que organizar la reparcelación de las tierras, incluidas medidas urbanísticas sostenibles que sean respetuosas con el medio ambiente, también habrá que reconstruir inmuebles, infraestructuras y carreteras; reorganizar, en suma, el territorio, sobre la base del conocimiento de esta experiencia y el de anteriores generaciones que nos recuerdan la vulnerabilidad del ser humano frente a la fuerza mayor de la naturaleza.