La gestión del riesgo tras el fin del estado de alarma se está volviendo una difícil tarea, pero necesaria para la supervivencia y la superación de la crisis sanitaria, social y económica que atravesamos.

En relación con la situación sanitaria, tiene una especial relevancia el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma. Este hecho choca con decisiones de los Tribunales que en unos casos avalan la restricción de derechos fundamentales.

La cuestión que se debate es si las medidas que implican restringir derechos fundamentales -como el cierre perimetral, el toque de queda o la limitación de las reuniones- necesitan el aval de los Tribunales para su efectividad. Gonzalo Iturmendi habla sobre ello en un nuevo artículo para ADN del Seguro.

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