La respuesta es sí. Sí, al menos como las conocemos actualmente. Las pensiones del sistema público no se acabarán en el sentido de que no percibamos cantidad alguna cuando nos jubilemos (no hay Gobierno que se atreva a liquidarlas) pero no nos permitirán mantener el poder adquisitivo y el nivel de vida que tenemos actualmente.

Dentro de poco, los pensionistas vivirán más de lo que vivieron nuestros abuelos. Si en 1990 teníamos poco más de cinco millones de personas con 65 años o más, en 2060 este número se habrá incrementado en un 200%.

España se sitúa como el tercer país con mayor esperanza de vida –por detrás de Japón y Australia– según los datos del Foro Económico Mundial.

Si tenemos en cuenta que la pensión media de jubilación actual en España apenas supera los 1.000 euros al mes, es entendible que esa inmensa mayoría de españoles considere que no podrá mantener su nivel de vida cuando se jubile. Casi uno de cada dos españoles (45%) cree que puede no recibir una pensión pública cuando termine su vida laboral, preocupación que se acentúa con la edad. En paralelo, más del 80% cree que aunque reciba una pensión pública no podrá mantener su nivel de vida actual.

La crisis económica que todavía subyace en España y las elevadas cifras de desempleo, unido a la longevidad, auguran unas perspectivas poco halagüeñas en un escenario en el que cada vez hay menos cotizantes y más perceptores. Hoy cuando un joven de 21 o 22 años comienza a trabajar, no quiere ni oír hablar de previsión (su horizonte temporal se sitúa 40 años por delante  para que esto se arregle”).

Construir el futuro a largo no está entre sus cinco primeras prioridades. A más del 96% de los españoles les gustaría jubilarse a los 65 años, lo cual supone que de hacerse realidad esta opción, el Estado necesitará disponer de un fuerte contingente de recursos para los próximos treinta años. La cuestión es determinar cómo se van a financiar las pensiones para
el futuro; porque ese es el problema.

La famosa hucha de las pensiones que se creó en el año 2000 con 680 millones de euros, alcanzó en 2011 su máximo nivel al disponer de 66.000 millones, que se han ido reduciendo hasta quedarse en unos exiguos 11.000 millones, sin contar con el próximo asalto de la paga de navidad.

Y es que sigue siendo un reto saber cuánto cobraremos cuando nos jubilemos –aunque al 90% de los españoles les gustaría saberlo–, ya que la Seguridad Social no continuó adelante con su proyecto de enviar a todos los trabajadores mayores de cincuenta años una carta informándoles del importe de la pensión que percibirían, por un lado para no pillarse los dedos y no asumir compromisos obligacionales que probablemente no podrán cumplir y por otro, para evitar que nos dé un shock al descubrir lo poco que podremos hacer con la pensión en el futuro.

Lo cierto es que mientras no haya información, no se puede incentivar la contratación de planes privados por falta de conciencia de los ciudadanos respecto a ese poder adquisitivo futuro. Por eso siete de cada diez trabajadores declara que no ahorra para su jubilación más allá de la cotización que realiza para tener una pensión pública.

El principal motivo por el que ahorramos para la jubilación, en uno de cada dos casos, es la desconfianza en la pensión pública. La mitad de los españoles prefiere el plan de pensiones como sistema idóneo de ahorro para la jubilación frente a otras alternativas como los depósitos bancarios, los fondos de inversión o la adquisición de viviendas, pero sólo por parte de quienes tienen capacidad de ahorro.

Justo ahora que las compañías aseguradoras y las entidades financieras inician las campañas de comercialización de los planes de pensiones de cara a las deducciones fiscales de fin de año, deberíamos plantearnos, con perspectiva, la gestión de nuestro futuro, del que no deberían ser ajenas las empresas por razones de responsabilidad social corporativa.

Fuente: Expansión 20.11.2017 – Columna de opinión de D. José Mª Elguero, Director del Servicio de Estudios MARSH y Vocal de la Junta Directiva de AGERS