Todavía hay muchas preguntas pendientes tras la reciente consulta del Ministerio del Interior sobre la creación de una nueva obligación de proteger al público de ataques terroristas en lugares de acceso público.
A medida que la consulta pasa a la fase legislativa, las implicaciones para las empresas y el sector de los seguros son importantes. Los suscriptores tendrán que entender los nuevos riesgos que corren las empresas, especialmente las de los sectores del comercio y el ocio. Esto requerirá formularios de propuesta más amplios en los que se pregunte por la realización de evaluaciones de riesgo, lo que estas han puesto de manifiesto y si se han llevado a cabo esas recomendaciones.
Estos riesgos han sido, hasta ahora, el dominio de los programas de propiedad de primera parte para los daños a la propiedad y la interrupción del negocio. Sin embargo, no hay indicios de que se pretenda ampliar el régimen para cubrir las exposiciones de responsabilidad civil que introduciría el deber de protección.
Los corredores tendrán que ser más conscientes del riesgo de terrorismo en general y las reaseguradoras estarán interesadas en la acumulación de riesgos.
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