Prevención del blanqueo de capitales

Compartimos el artículo de Herbert Smith Freehills sobre la Reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que se publicó durante el mes pasado. A continuación incluimos un pequeño resumen del mismo, pero para acceder al artículo completo se puede consultar el siguiente enlace.

El 5 de septiembre entró en vigor el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que tiene, entre otras, la finalidad de transponer la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (la “Cuarta Directiva”), relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, modificando así la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (la “Ley 10/2010”).
Esta modificación se ha producido mediante la técnica del Real Decreto-Ley como instrumento de transposición debido a la situación extraordinaria y urgente causada por el vencimiento del plazo para la transposición de la Cuarta Directiva.

Entre los principales objetivos de esta modificación destacan los siguientes:

  • la obligatoria implantación de un sistema de comunicación o denuncia de infracciones que tengan naturaleza confidencial en el seno de las entidades que sean sujetos obligados, así como la implantación de un mecanismo que permita poner de relevancia dichas infracciones de forma directa ante la Comisión Europea;
  • el endurecimiento de las sanciones: elevación del límite máximo, creación de nuevos tipos infractores y la introducción de normas en materia de publicidad de las mismas;
  • la creación de un registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos cuya inscripción es obligatoria (si se cumplen los requisitos de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010);
  • la aplicación de medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que presenten diferencias sustanciales con la regulación europea en materia de persecución y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
  • una nueva y uniforme regulación del régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública; y
  • la obligación de que los comerciantes que utilicen el dinero efectivo como método de pago cumplan con la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cuando realicen operaciones superiores a €10.000.
    Principales modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 11/2018 en la Ley 10/2010

1. De las políticas y procedimientos de control interno
Mediante esta nueva modificación, se establecen canales de denuncia (i) en el seno de la administración mediante la creación de canales de denuncia directa ante determinadas instituciones (e.g Comisión Europea), así como (ii) en el ámbito de los sujetos obligados para poner de manifiesto conductas que puedan resultar contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad.

 

2. Del régimen sancionador
Este régimen ha sufrido un profundo cambio mediante el endurecimiento de las sanciones. Así:

 

3. De los sujetos obligados
En este aspecto se producen importantes cambios respecto de las personas que con carácter profesional presten por cuenta de terceros los servicios recogidos en el apartado (o) del artículo 2 de la Ley 10/2010.

 

4. De las medidas de diligencia debida por terceros
Respecto a la posibilidad de que los sujetos obligados puedan recurrir a terceros sometidos a la Ley 10/2010 para la aplicación de las medidas de diligencia debida previstas en la Ley, se han realizado diversas modificaciones sobre la prohibición de recurrir a terceros domiciliados en países con diferencias sustanciales con las normas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo7 (los “Países con Deficiencias Estratégicas”), salvo para el caso de las sucursales y filiales con participación mayoritaria de sujetos obligados domiciliados en la UE, siempre que las mismas cumplan con políticas y procedimientos a nivel de grupo establecidos por su matriz.

Además, se resalta la obligación de que los sujetos obligados apliquen medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los Países con Deficiencias Estratégicas.

 

5. De las medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los negocios u operaciones de personas con responsabilidad pública
En este aspecto, la norma extingue el régimen anterior que diferenciaba las personas con responsabilidad pública extranjeras de las nacionales. El Real Decreto-Ley 11/2018 unifica éste régimen, considerando que se deben aplicar las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública.

 

6. De las modificaciones respecto al comercio de bienes
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2018, quedarán obligadas a cumplir con la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes cuando sus transacciones cumplan los siguientes requisitos acumulativos:

  • se paguen por personas físicas no residentes;
  • se paguen con los medios de pago establecidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010 (i.e.: dinero efectivo, cheque bancario, o cualquier otro medio físico concebido para ser utilizado como medio de pago); y
  • sobrepasen los €10.000.

 

7. De la identificación del titular real
Se incluyen importantes modificaciones en este sentido en el artículo 4 de la Ley 10/2010, entre las cuales destacan (i) la introducción de los indicadores de control (en el artículo 22 (1) a (5) de la Directiva 2013/347UE) para determinar cuándo un sujeto ostenta control directo o indirecto sobre una persona jurídica; y (ii) se regula de forma detallada quiénes tienen la consideración de titulares reales en el caso de los fideicomisos (i.e., quienes ejerzan control del fideicomiso) y de los instrumentos análogos al trust.

 

8. De la corresponsalía bancaria trasfronteriza
Se incluye en el concepto de “corresponsalía bancaria transfronteriza” cualquier relación entre entidades de crédito y/o entidades financieras (con inclusión de las entidades de pago, que presten servicios similares a los de un corresponsal, incluidas, entre otras, las relaciones establecidas para operaciones con valores o transferencias de fondos).

La nueva redacción dada al artículo 13 de la Ley 10/2010 clarifica qué se entiende por relación de corresponsalía trasfronteriza y específica los sujetos que tendrán la consideración de entidades de crédito y/o entidades financieras bajo dicho precepto