Los incendios forestales que este verano han arrasado miles de hectáreas en España no son un fenómeno aislado. La combinación de sequías prolongadas, olas de calor extremas y deficiencias estructurales en la gestión del territorio ha convertido el fuego en una amenaza recurrente, con consecuencias devastadoras tanto en vidas humanas como en patrimonio natural y económico. Además del drama humano, el impacto económico es multimillonario, afectando a hogares, explotaciones agrarias y empresas cuya actividad queda paralizada de manera inmediata.
En este escenario, la reflexión sobre la prevención del riesgo y la continuidad de negocio se vuelve esencial. No se trata solo de reconstruir lo perdido, sino de disponer de mecanismos que permitan responder con rapidez, limitar los daños y retomar la actividad económica en el menor tiempo posible. Al mismo tiempo, resulta evidente que el marco institucional español presenta carencias graves de coordinación, que agravan los efectos de las catástrofes.
Este artículo analiza la problemática desde tres perspectivas complementarias: la aseguradora, la institucional y la de protección a intervinientes, destacando que la clave está en integrar prevención, cobertura económica y una gobernanza eficaz.
La importancia del aseguramiento y la continuidad de negocio
Como control del riesgo de incendios, disponer de contratos de seguros adecuados es importante. Como detalla Iturmendi (2025), existen diferentes coberturas aplicables a viviendas, comunidades, negocios y explotaciones agrarias. En el caso de las empresas, no basta con cubrir daños materiales: resulta esencial garantizar la pérdida de beneficios y los gastos derivados de la paralización de la actividad. Una fábrica sin cobertura de interrupción puede sobrevivir al daño físico de sus instalaciones, pero no a semanas o meses de inactividad
El procedimiento para reclamar al seguro exige rigor: notificación en los plazos estipulados (generalmente siete días), conservación de pruebas fotográficas y documentales, y un seguimiento constante del expediente. Además, es recomendable contar con mediadores especializados que defiendan los intereses de la empresa frente a posibles discrepancias periciales. Esta sistemática no solo protege a los asegurados, sino que forma parte de una cultura empresarial de resiliencia ante el riesgo.
En el ámbito agrario, los seguros gestionados por Agroseguro constituyen una herramienta fundamental para proteger producciones agrícolas, ganaderas y forestales. Sin embargo, aún existe una brecha de penetración en el sector, lo que deja expuestas a numerosas explotaciones. A la luz de la creciente frecuencia de fenómenos extremos, avanzar hacia una mayor cultura aseguradora se vuelve indispensable.
El papel del Consorcio de Compensación de Seguros
Conviene aclarar un aspecto clave: el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) no cubre los daños materiales ocasionados por incendios forestales en bienes asegurados. Estos corresponden a las aseguradoras privadas, siempre que la póliza contemple la cobertura. El CCS actúa únicamente como asegurador de los accidentes personales sufridos por quienes participan en las labores de extinción, mediante una póliza suscrita por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Consorcio de Compensación de Seguros [CCS], 2025).
Esto significa que brigadistas, voluntarios y personal desplegado en tareas de extinción cuentan con una protección específica en caso de accidente o fallecimiento. La cobertura del CCS es compatible con cualquier seguro privado o ayudas públicas, pero no sustituye a las pólizas que empresas o particulares deben contratar. Esta delimitación de responsabilidades debe ser conocida para evitar falsas expectativas y retrasos en las reclamaciones.
El desafío institucional: un Estado fragmentado ante la emergencia
Más allá del aseguramiento, los incendios han vuelto a poner de manifiesto un problema estructural: la fragmentación competencial del Estado autonómico español en materia de emergencias. Tal y como analiza García Torres (2025), la falta de claridad en la distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas genera improvisación, reproches cruzados y, lo que es peor, retrasos en la respuesta durante los momentos más críticos.
La Constitución de 1978 dejó abierto el modelo autonómico, confiando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para definir competencias. En materia de protección civil, la actual Ley 17/2015 y el Real Decreto 524/2023 establecen un Sistema Nacional de Protección Civil y distintos niveles de emergencia (del autonómico al nacional). Sin embargo, persiste la pregunta fundamental: ¿cuándo una catástrofe deja de ser autonómica y pasa a ser nacional? La ausencia de un umbral objetivo alimenta la disputa política y dificulta una gestión eficiente.
Otros países descentralizados, como Alemania, han establecido criterios claros que permiten activar la intervención federal cuando un desastre supera la capacidad de un Land. En España, en cambio, la cooperación interadministrativa suele diluirse en rivalidades políticas, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
La consecuencia práctica es la ineficacia administrativa: mientras se discute quién debe actuar, los incendios avanzan, se multiplican las pérdidas económicas y aumenta el sufrimiento de las víctimas.
Prevención: el eslabón más débil
Un aspecto especialmente preocupante es el incumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención. La Ley 43/2003, de Montes, obliga a ayuntamientos y comunidades autónomas a disponer de planes de prevención, vigilancia y extinción de fuegos. Sin embargo, como destaca García Torres (2025), ni el Estado ni muchas autonomías han cumplido de forma efectiva con esta exigencia, a pesar de que su incumplimiento puede agravar las consecuencias de cada ola de incendios.
Desde un enfoque de gestión de riesgos empresariales, la prevención no es opcional: es una inversión que protege vidas y reduce pérdidas. Las compañías más avanzadas integran la gestión del riesgo climático en sus planes de continuidad de negocio, incorporando medidas como la diversificación de proveedores, protocolos de evacuación, planes de emergencia y análisis de vulnerabilidad de sus instalaciones.
La Fiscalía ha comenzado a investigar posibles responsabilidades derivadas de la ausencia de planificación preventiva, un indicio de que el futuro podría exigir a las administraciones un nivel de diligencia equivalente al que ya se demanda al sector privado mediante políticas de compliance.
Continuidad de negocio: lecciones para las empresas
Los incendios también han puesto de relieve la necesidad de que las empresas integren la continuidad de negocio en su estrategia. Este concepto, desarrollado en la gestión de riesgos corporativos, implica diseñar un plan que asegure la capacidad de seguir operando —aunque sea de manera limitada— tras un evento disruptivo.
Un buen plan de continuidad contempla:
- Identificación de procesos críticos y dependencias clave.
- Definición de protocolos de actuación inmediata.
- Estrategias de recuperación tecnológica y logística.
- Comunicación eficaz con empleados, clientes y proveedores.
- Contratación de seguros que cubran tanto daños como pérdidas de explotación.
Empresas que habían implementado este tipo de planes han podido minimizar las pérdidas y recuperar su actividad más rápido, mientras que aquellas que no contaban con ellos han sufrido cierres prolongados e incluso desaparición del mercado.
Conclusión: un reto compartido
Los incendios del verano de 2025 son un recordatorio de que el fuego no distingue entre personas, territorios o sectores económicos. Para hacer frente a esta amenaza recurrente, España necesita avanzar en dos frentes complementarios:
- Prevención y resiliencia empresarial. Contar con seguros adecuados, planes de continuidad de negocio y una cultura de prevención robusta no es un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar la supervivencia.
- Eficiencia institucional y gobernanza. La sociedad no puede seguir pagando el precio de la descoordinación política. Urge una reforma legal y constitucional que defina con claridad competencias, establezca umbrales objetivos de intervención y garantice mecanismos de cooperación vinculantes.
Como señala García Torres (2025), la catástrofe no espera a que las administraciones resuelvan sus diferencias. Y como advierte Iturmendi (2025), la cobertura contratada puede marcar la diferencia entre la recuperación o la ruina.
En definitiva, la verdadera protección frente a los incendios no reside únicamente en la capacidad de apagar las llamas, sino en la anticipación, la coordinación y la planificación estratégica. Solo así lograremos proteger vidas, preservar el medio ambiente y salvaguardar el tejido productivo que sostiene a la sociedad.
Referencias
Consorcio de Compensación de Seguros. (2025, 19 de agosto). Nota informativa sobre las funciones del CCS en los incendios forestales. https://www.consorseguros.es/ambitos-de-actividad/otras-actividades/incendios-forestales/preguntas-frecuentes
García Torres, M. L. (2025). Catástrofes naturales y caos competencial: una reforma constitucional y legal inaplazable para un Estado más eficiente. [Artículo de opinión].
Iturmendi, G. (2025). Cómo actuar en caso de daños ocasionados por los incendios cuando existen seguros. [Artículo técnico sobre seguros].
