Miguel Noriega Díaz, Socio Área Litigación y Arbitraje AGM Abogados, nos explica que el Proyecto de Ley que establece la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero (AIDCF) ha generado gran interés en el ámbito financiero y asegurador. Este organismo se crea con el propósito de resolver de manera extrajudicial los conflictos entre clientes y entidades financieras, incluyendo a las aseguradoras según la Ley 20/2015, de 14 de julio.
La AIDCF se presenta como un organismo administrativo dedicado a gestionar disputas relacionadas con la contratación y prestación de servicios de seguros. Sus decisiones serán vinculantes para las aseguradoras en reclamaciones de hasta 20,000 euros, con un plazo de 30 días para su cumplimiento. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución, puede recurrir a los tribunales civiles. En casos donde la cuantía del conflicto supere los 20,000 euros, la resolución de la AIDCF funcionará como un informe pericial en cualquier posterior procedimiento judicial.
Este proyecto de ley busca establecer un sistema institucional, gratuito y público para resolver conflictos, ofreciendo una alternativa a la jurisdicción civil. El mecanismo, descrito en la exposición de motivos del proyecto, se considera «efectivo y ágil», siendo opcional para los clientes pero obligatorio para las compañías aseguradoras una vez que un cliente haya decidido utilizarlo.
El procedimiento para la resolución de reclamaciones se basará en principios de igualdad, equidad, imparcialidad, independencia, transparencia, contradicción, legalidad, libertad de prueba, eficacia y celeridad. Sin embargo, ya se anticipan desafíos en su implementación debido a referencias específicas a la «disponibilidad y facilidad probatoria» y a la obligación de las entidades de «conservar la documentación precontractual y contractual durante seis años desde la finalización del contrato».
Las aseguradoras deberán responder al órgano administrativo con un escrito de alegaciones y la documentación pertinente dentro de los 20 días posteriores a la notificación del expediente.
Según el informe de 2022 de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), la mayoría de los conflictos patrimoniales que actualmente se judicializan podrían resolverse a través de esta nueva vía administrativa. Esto sugiere que las aseguradoras necesitarán incrementar sus recursos para adaptarse a este nuevo escenario. La creación de procesos internos y la colaboración con asesores externos serán cruciales para cumplir con las nuevas exigencias legales.
La implementación de la AIDCF representa un cambio significativo en la gestión de disputas entre clientes y aseguradoras, ofreciendo una solución extrajudicial que promete ser más rápida y accesible. Sin embargo, la adaptación a este nuevo sistema requerirá esfuerzos considerables por parte de las entidades aseguradoras para cumplir con los nuevos requisitos y asegurar una respuesta efectiva a las reclamaciones de los clientes.
Este desarrollo legislativo subraya la importancia de prepararse adecuadamente para los cambios que se avecinan en el sector financiero y asegurador, garantizando una protección efectiva y justa para los consumidores.
Autor: Miguel Noriega Díaz, Socio Área Litigación y Arbitraje AGM Abogados
