Blanca Romero de Ory
Abogada de DAC Beachcroft
Otro año más, el verano ha llegado a España antes de lo esperable. El cambio climático se encuentra en el foco del discurso público y la concienciación de la ciudadanía ante la perspectiva de un planeta que se calienta es cada vez más alta. Los métodos de protesta, que tradicionalmente se manifestaban en las calles, han tomado una nueva deriva con la esperanza de instigar un cambio político: los litigios climáticos.
Este tipo de procedimientos se inician por medio de reclamaciones formuladas frente a estados, empresas privadas y/o sus directivos, con motivo tanto de su contribución al calentamiento global como de su inacción ante el mismo. Solo en Europa se cifra el número de litigios climáticos en alrededor de 300, ascendiendo a nivel mundial a más de 2000, habiéndose iniciado una cuarta parte de ellos entre 2020 y 2022.
Esta oleada de litigios no alcanza únicamente a aquellos casos en los que se ha producido una catástrofe medioambiental -cómo olvidar el caso Prestige- o en los que se falsean las tan de moda credenciales ecológicas (greenwashing), si no que va más allá. Países Bajos es un claro ejemplo del auge de esta litigiosidad, habiéndose dictado sentencias tan sonadas como el caso Urgenda, en el que 886 ciudadanos se unieron para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno neerlandés de los objetivos mínimos de reducción de emisiones.
En este mismo Estado se ha dictado otra de las sentencias más relevantes en esta materia: el caso Milieudefensie et al contra Royal Dutch Shell. Los demandantes denunciaron la alta contribución de la actividad de Shell al cambio climático, el incumplimiento de su deber de diligencia y de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El tribunal de La Haya dictó sentencia en mayo de 2021 -apelada por Shell-, ordenando a esta entidad reducir sus emisiones mundiales de CO2 en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2019.
Nuestro país tampoco ha sido ajeno al auge de los litigios en materia de cambio climático. El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia -que se resolverá el próximo 27 de junio- la demanda presentada por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón frente al Gobierno de España, denunciando la falta de adopción de medidas adecuadas en materia de cambio climático.
Lo que puede ya denominarse como una imparable proliferación de la litigiosidad en esta materia, podría llegar a tener un gran impacto en el sector asegurador; entre otros, en el nivel de siniestralidad, pudiendo reclamarse no solo la cobertura de los gastos de defensa, sino también de aquellas compensaciones que, eventualmente, pudieran determinarse a favor de los perjudicados que inicien este tipo de procedimientos.
El tiempo dirá cuál es la posición que toman nuestros tribunales ante este tipo de reclamaciones y cómo afectará al sector asegurador. Sobre lo que sí tenemos certeza es sobre la necesaria adaptación del sector a una actividad económica en constante cambio, tan dependiente de los devastadores efectos del cambio climático.
*Fuente BDS
