AXA XL, nos informa cómo el número de casos de violencia por conflictos sociales y sus consecuencias en forma de daños a los bienes, es un motivo de preocupación para la sociedad en un contexto sí convulso. Acontecimientos como los recientes de Perú, los disturbios de Chile en 2019, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, guerras… En la mayoría de los casos, estos sucesos tienen motivaciones políticas.
Por otra parte, observamos que las decisiones de los gobiernos condicionan los proyectos empresariales, más cuando son unilaterales por no decir populistas. En México, la nueva regulación del sector eléctrico prima la generación de empresas públicas sobre la de inversores privados. Esta decisión también tiene motivación política.
En España y para los daños causados a sus bienes, es el Consorcio de Compensación de Seguros quien se hace cargo. Pero, ¿qué pasa si la empresa española tiene bienes en países en conflicto o por ejemplo en Perú, donde en 2020 el presidente fue ‘expulsado’ con violencia o en Chile donde las protestas de 2019 se saldaron con episodios vandálicos, incendios y daños a las infraestructuras?
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