El pasado 8 de septiembre de 2025, el Council on Economic Policies publicó el informe “From Risk to Resilience. Closing the Climate Insurance Protection Gap”, elaborado por Jérôme Crugnola-Humbert. Este documento pone sobre la mesa un debate crucial: cómo fortalecer la resiliencia económica y social frente a los desastres climáticos en un contexto donde la protección financiera sigue siendo insuficiente.
La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos está aumentando a un ritmo alarmante. Cada vez más regiones, comunidades y empresas sufren pérdidas económicas significativas sin contar con mecanismos adecuados de aseguramiento. Esta realidad refleja una brecha peligrosa: la distancia entre los riesgos climáticos a los que estamos expuestos y la cobertura que ofrece hoy el mercado asegurador.
El informe subraya que las aseguradoras cumplen un papel sistémico en la estabilidad económica. Al mutualizar riesgos y distribuir costes a través del tiempo y el espacio, ayudan a absorber los impactos de catástrofes y a evitar que recaigan de manera desordenada en individuos, empresas o Estados. Pero su función va más allá de indemnizar pérdidas: los seguros también pueden impulsar medidas de prevención y adaptación, incentivando a los asegurados a reducir su exposición a riesgos climáticos y contribuyendo, así, a una resiliencia colectiva más sólida.
No obstante, existe una tensión evidente. Mientras que la responsabilidad colectiva del sector es garantizar protección frente a los desastres, cada aseguradora individual busca proteger su propia solvencia. Ante el aumento de las reclamaciones y la exposición a riesgos, muchas compañías responden elevando primas, reduciendo coberturas o incluso retirándose de zonas de alto riesgo. Estas decisiones son racionales desde un punto de vista financiero, pero a nivel sistémico erosionan la base de la protección, dejando cada vez más actores sin cobertura.
Cuando el mercado asegurador se retrae, el coste de los riesgos se traslada a familias, empresas y contribuyentes. El impacto va mucho más allá de lo económico: afecta a la equidad social, a la inversión empresarial, a la innovación y a la estabilidad de las finanzas públicas. Sin seguros que respalden créditos hipotecarios o proyectos de emprendimiento, se limitan las oportunidades de crecimiento. Y en los hogares más vulnerables, la ausencia de cobertura puede transformar un evento extremo en una tragedia irreparable.
El informe de Crugnola-Humbert es claro: cerrar la brecha de protección climática exige una hoja de ruta multiactor. Gobiernos, reguladores, aseguradoras, empresas y ciudadanía deben trabajar de forma coordinada para alinear incentivos, impulsar medidas de adaptación física y asegurar que las pérdidas residuales se compartan de manera justa.
La propuesta combina recomendaciones dirigidas específicamente a los reguladores del sector asegurador con medidas de mayor alcance, integradas en las estrategias de resiliencia climática de los países. En definitiva, no se trata solo de ampliar la cobertura, sino de repensar el papel del seguro como pilar de la transición hacia economías más resistentes, equitativas y sostenibles.
En AGERS creemos que este debate es urgente y necesario. La brecha de protección climática no es un desafío del futuro, sino del presente. Y la forma en que lo abordemos definirá nuestra capacidad para transformar el riesgo en resiliencia.
¿Qué es el Council Economic Policies (CEP)?
El Council on Economic Policies (CEP) es un think tank internacional con sede en Zúrich que impulsa políticas públicas orientadas a la sostenibilidad. Su labor se centra en tres ejes: política fiscal, política monetaria y políticas laborales, con el objetivo de promover economías más resilientes, inclusivas y respetuosas con el medio ambiente.
