El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha abierto el trámite de audiencia pública, hasta el 29 de diciembre, del anteproyecto de ley que modificará la Ley 20/2015 y el Real Decreto 1060/2015, con el objetivo de transponer la Directiva (UE) 2025/2, que actualiza el marco europeo de Solvencia II. La reforma está prevista para entrar en vigor el 30 de enero de 2027 y persigue reforzar la proporcionalidad, la sostenibilidad y la supervisión del sector asegurador, adaptando la normativa a los nuevos retos económicos y medioambientales.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el refuerzo del principio de proporcionalidad, mediante la creación de la categoría de entidades pequeñas y no complejas, que podrán acogerse a facilidades específicas en el cumplimiento del régimen de Solvencia II. Con ello, el anteproyecto busca ajustar las exigencias regulatorias al tamaño y complejidad real de las entidades.
La iniciativa introduce también mejoras en el tratamiento del negocio asegurador y de las inversiones a largo plazo, con ajustes en los métodos de cálculo de provisiones técnicas y requerimientos de capital, con el fin de reflejar de forma más adecuada la realidad de los mercados y favorecer la inversión con horizontes temporales más amplios.
Desde una perspectiva de estabilidad financiera, el texto incorpora un enfoque macroprudencial, dotando a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) de nuevas herramientas para la gestión de riesgos sistémicos y de liquidez. Asimismo, se refuerza la supervisión de la actividad transfronteriza, mediante la introducción del concepto de “actividad transfronteriza significativa”, que conlleva una cooperación más estrecha y un mayor intercambio de información entre las autoridades supervisoras de los Estados de origen y de acogida.
La sostenibilidad adquiere un papel transversal en la reforma, al integrarse de forma explícita los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión, el gobierno corporativo y los requerimientos de capital de las entidades aseguradoras. En paralelo, se perfecciona la supervisión de grupos aseguradores, incorporando nuevas definiciones, mayores facultades para modificar estructuras complejas y la posibilidad de clasificar determinados grupos como pequeños y no complejos, con requisitos adaptados a su perfil.
El anteproyecto contempla además un refuerzo del régimen sancionador, especialmente en lo relativo a revisores independientes, auditores y actuarios, y actualiza el catálogo de infracciones y sanciones en materia de distribución de seguros, con el objetivo de mejorar la homogeneidad del marco normativo y reforzar la seguridad jurídica.
Con la apertura de este proceso de audiencia pública, el Ministerio inicia una fase clave para la adaptación del ordenamiento español a la nueva Solvencia II, en un contexto marcado por la evolución de los riesgos, la sostenibilidad y la necesidad de una supervisión cada vez más eficaz y proporcionada.
