Evan Greenberg, presidente y CEO de Chubb, y John Doyle, presidente y CEO de Marsh McLennan, han publicado un editorial conjunto en The Wall Street Journal alertando sobre uno de los problemas más subestimados del entorno empresarial y asegurador global: la proliferación de litigios financiados por terceros y sus efectos nocivos sobre el sistema judicial, la economía y el mercado asegurador.
En este artículo, titulado “The Litigation Funding Boom Needs to End” y disponible en el sitio del Wall Street Journal, ambos directivos analizan cómo el auge del litigation funding –fondos de inversión que financian demandas judiciales a cambio de parte de las indemnizaciones– está generando una cultura de litigación masiva que distorsiona los principios de justicia, eleva artificialmente las indemnizaciones y acaba perjudicando al conjunto de la sociedad.
El crecimiento descontrolado del “litigation funding”
Greenberg y Doyle subrayan que este modelo de negocio, nacido en los márgenes del sistema legal, ha experimentado una expansión acelerada. En EE.UU., existen actualmente más de 50 fondos especializados en financiar litigios. Según estimaciones citadas en el editorial, este sector gestiona más de 15.000 millones de dólares, con tasas de rentabilidad de hasta el 30 % anual.
A diferencia de los demandantes individuales, estos fondos suelen operar con opacidad, no están regulados como entidades financieras y no están sujetos a los mismos estándares éticos que rigen a abogados y partes litigantes. Además, se benefician de ventajas fiscales significativas, al tributar como ganancias de capital a tipos más bajos (incluso cero), mientras que los ciudadanos deben tributar sus compensaciones como ingresos ordinarios (hasta un 37 %).
Consecuencias: veredictos astronómicos y presión sobre el seguro
Este contexto ha derivado en lo que los autores llaman una “epidemia” de veredictos millonarios o nuclear verdicts, con consecuencias en cascada. Solo en 2024, se emitieron 135 veredictos por encima de los 10 millones de dólares, con un total combinado de más de 31.000 millones. La media por juicio superó los 51 millones.
Los fondos de litigación tienden a impulsar demandas con potencial de indemnización desproporcionada, sabiendo que los costes legales serán asumidos por ellos y que los acuerdos millonarios compensarán cualquier riesgo. Esto aumenta la siniestralidad, eleva las primas de seguros, afecta la rentabilidad de las empresas y acaba repercutiendo en el coste de bienes y servicios para los consumidores.
Un llamamiento a la acción: reforma fiscal, regulación y transparencia
Tanto Chubb como Marsh McLennan abogan por una reforma profunda del sistema. Entre sus propuestas, destacan:
- Eliminar la asimetría fiscal, equiparando la tributación de fondos con la de los ciudadanos.
- Regular la industria del litigation funding, exigiendo transparencia y estándares éticos similares a los del resto del sistema legal.
- Limitar la participación de inversores extranjeros en litigios que afectan a empresas locales.
- Fomentar una justicia equilibrada, no influida por intereses especulativos.
Desde el sector asegurador, esta posición no es nueva, pero sí ha cobrado fuerza en los últimos años por el crecimiento del fenómeno y su impacto en la sostenibilidad del negocio.
Los autores concluyen que es hora de que los gobiernos, y especialmente los legisladores, reconozcan el impacto estructural del litigation funding. No se trata solo de proteger a las aseguradoras o a las grandes empresas, sino de preservar la imparcialidad del sistema judicial, garantizar el acceso justo a la justicia y mantener la competitividad económica de sectores estratégicos.
Aplauden que algunos países como Australia, Reino Unido o Canadá ya estén explorando límites y transparencia obligatoria para los fondos litigantes, pero subrayan que EE. UU. y la UE deben seguir el mismo camino si no quieren ver erosionadas sus estructuras jurídicas y económicas.
El editorial firmado por Evan Greenberg y John Doyle es mucho más que una opinión de dos líderes del sector: es un toque de atención global sobre un fenómeno legal y financiero que ya está afectando la estabilidad de mercados enteros.
El debate sobre los litigios financiados por terceros no puede posponerse más. La justicia, el seguro, la economía y la confianza pública están en juego.
