A finales del pasado mes de agosto, Jaguar Land Rover (JLR) fue víctima de un ciberataque, obligando a la empresa a cerrar temporalmente fábricas por todo el mundo.
Este ciberataque produjo la clausura de las plantas en Reino Unido, donde se producen 1.000 vehículos diarios, además de las instalaciones de China, India, Brasil y Eslovaquia. A principios de septiembre, cuando la plantilla tenía prevista su incorporación, la firma tuvo que mantener las factorías cerradas, dejando sin incorporarse a una plantilla de más de 33.000 empleados.
Un mes después del intento, los servicios informáticos de JLR siguieron trabajando para solucionar un problema cuyas perdidas llegan a los 50 millones de libras cada día.
Este ciberataque, además de afectar a la propia firma, también ha traído consecuencias negativas para el tejido productivo de West Midlands, afectando a proveedores, fabricantes y suministros de servicios.
Debido a la situación, el Gobierno británico acordó con JLR la concesión un crédito de emergencia valorado en 1.500 millones de libras, destinado a cubrir pagos a proveedores. Esta ayuda gubernamental puede tener una cara negativa, ya que puede desincentivar a las compañías a invertir en seguridad. Si las empresas comprueban que la administración ante estos casos va a aportar una ayuda, estas van a querer ahorrar en ese ámbito.
Este no es un caso aislado, ya que Tata Motors el pasado mes de marzo fue víctima también de otro ciberataque. Es por ello, que el movimiento de Londres debate la necesidad de aplicar mayor exigencia en materia de seguridad.
Si quieres acceder a la noticia completa:
