Artículo de Mirenchu del Valle Schaan, presidenta de UNESPA.
Las inundaciones registradas en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, provocadas por una DANA de intensidad excepcional, han marcado un punto de inflexión en la gestión del riesgo climático en España, convirtiéndose en la mayor catástrofe natural reciente del país.
El análisis pone de relieve tanto la magnitud del evento —con más de 250.000 reclamaciones y un coste estimado de 4.800 millones de euros— como la capacidad de respuesta del sistema asegurador español.
El modelo español, basado en la colaboración público-privada entre aseguradoras, Agroseguro y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), demostró su solidez ante un evento de gran escala. Este sistema, sustentado en la mutualización del riesgo, permitió movilizar recursos y garantizar indemnizaciones de forma generalizada.
Ante el volumen sin precedentes de siniestros, se activó un procedimiento extraordinario de colaboración entre el CCS y 38 aseguradoras, que representaban el 98 % del mercado en la región afectada. Este mecanismo permitió gestionar cerca de la mitad de las reclamaciones a través de las aseguradoras, agilizando los tiempos de respuesta y permitiendo al CCS centrarse en los casos de mayor complejidad.
La respuesta operativa implicó la movilización de más de 8.000 profesionales y el desarrollo en tiempo récord de herramientas tecnológicas para la gestión coordinada de siniestros, evidenciando la capacidad de adaptación del sector ante situaciones extremas.
Entre las principales conclusiones, el sector destaca la necesidad de avanzar hacia protocolos automáticos y predefinidos que permitan activar de forma inmediata mecanismos de cooperación en situaciones de catástrofe, evitando la improvisación y mejorando la eficiencia en la gestión.
Asimismo, el análisis subraya la importancia de cerrar la brecha de protección. A pesar de los altos niveles de aseguramiento en la región, una parte de la población afectada no contaba con cobertura suficiente, lo que evidencia la necesidad de reforzar la cultura aseguradora y garantizar niveles adecuados de protección.
El estudio concluye que, en un contexto de creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, el seguro se consolida como un elemento esencial para la resiliencia económica y social, junto con la prevención, la concienciación y la colaboración entre el sector público y privado.
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